Rabat rompe el silencio: Ceuta, Melilla y 17.500 millones
El 22 de octubre, el vicepresidente de la Cámara de Representantes marroquí, Adil El Bitar, defendió desde la tribuna los "legítimos derechos" de Marruecos a "recuperar" Ceuta, Melilla y las islas que Rabat llama ocupadas. Dos días después, la prensa de Ceuta publicaba que el Gobierno marroquí proyecta para 2027 un gasto de armamento de 190.500 millones de dirhams. Dos noticias distintas, una misma dirección: Rabat ya no calla, y además se arma. Para España no es un asunto de retórica parlamentaria; es un indicador de intenciones y de capacidades que conviene leer juntos.
Lo que se dijo en el Parlamento marroquí
El hecho, según Mundiario (23 de octubre): durante el debate de investidura de la primera ministra Fátima Ezzahra El Mansuri, El Bitar, del PAM —el partido de la propia jefa del Gobierno—, calificó las dos ciudades de "ocupadas" y extendió el reclamo a Chafarinas, Alhucemas, el islote de Perejil y el Peñón de Vélez de la Gomera. Invocó "legitimidad histórica" y pidió seguir la vía del diálogo y los "medios pacíficos".
No fue una voz aislada. Libertad Digital (23 de octubre) recoge que el Istiqlal, socio de Gobierno, afirmó que la relación con España no puede ir a costa de la integridad territorial y que la soberanía "no es negociable", y que la Coalición de Izquierdas, en la oposición, habló de una unidad territorial "inquebrantable". Mundiario añade que el PJD fue más lejos y habló de "territorios ocupados", advirtiendo de que ninguna visita desde España o Europa alterará esas "realidades".
Una precisión metodológica, porque aquí se juega la credibilidad. Las palabras de El Bitar no son una declaración oficial del Ejecutivo marroquí, y la propia primera ministra no ha convertido el asunto en prioridad: ha descrito la relación con España como "histórica, profunda y necesaria". Es un hecho confirmado que la reclamación se pronunció en sede parlamentaria con respaldo transversal. Que sea política de Estado o ruido de política interna es una valoración, y esa valoración es nuestra, no un dato.
El contexto: una visita real y un silencio que se acaba
Felipe VI visitó Ceuta el 13 de octubre y Melilla el 14, su primera visita a ambas ciudades desde su proclamación en 2014 y la primera de un monarca español desde 2007. Entonces, Mohamed VI llamó a consultas a su embajador en Madrid. Esta vez Rabat no tomó medidas comparables y calló oficialmente. Lo analizamos en su momento en nuestro análisis del silencio marroquí: era un silencio con cálculo, no con resignación.
La reclamación del 22 de octubre confirma esa lectura. Rabat evitó el gesto diplomático costoso, el que obliga al Estado, y dejó que lo hiciera el Parlamento, que no compromete formalmente al Gobierno pero sí marca el clima. Es una división de tareas clásica: la Corona y el Ejecutivo conservan la cooperación en migración, seguridad y comercio; los partidos expresan lo que el Estado prefiere no firmar. Y si algo se rompe, siempre se puede decir que habló un diputado.
La cifra que acompaña a la palabra: 190.500 millones de dirhams
El 24 de octubre, El Faro de Ceuta informó de que el proyecto de presupuestos de Marruecos para 2027 eleva un 21,3 % la partida de armamento, hasta 190.500 millones de dirhams (unos 17.500 millones de euros). Es un proyecto, no una cifra aprobada. La partida de 2026 fue de 157.000 millones de dirhams (unos 14.500 millones de euros), un 17,8 % más que en 2025. Dos años seguidos de crecimiento de dos dígitos altos.
El ministro delegado de Defensa, Abdellatif Loudiyi, dijo en el Marrakech Air Show que el objetivo es dejar de ser un país que importa capacidades de defensa. La estrategia industrial lleva en marcha desde 2020, con marco legal propio, zonas industriales y acuerdos con fabricantes extranjeros. La fuente no compara estas cifras con el gasto español y nosotros tampoco inventamos esa comparación: lo relevante es la trayectoria, no el número aislado.
Y la trayectoria dice algo incómodo. Un país que fabrica parte de lo que compra depende menos de sus proveedores, y por tanto es menos sensible a la presión de capitales aliados cuando decide cómo usar la fuerza o cuánto tensar una crisis. Para España, que ha construido su política hacia Rabat sobre la idea de que Marruecos es un socio dependiente de buenas relaciones, es un cambio estructural, no coyuntural.
Lo que España aún no ha respondido
Hay un hilo que une este episodio con la crisis del verano. El 14 de octubre, El Faro de Ceuta recogía la exigencia del PP de que Pedro Sánchez comparezca ante la Diputación Permanente para explicar qué sabía el Gobierno sobre la presencia de buques de la Armada marroquí en aguas españolas el 30 de julio, y cuándo lo supo. El PP asegura que ha llevado los hechos a la Audiencia Nacional. Es la posición de un partido, no una conclusión judicial; la fuente no incluye respuesta del Gobierno.
Tampoco hay respuesta nueva, según Moncloa.com, a las palabras de El Bitar. La posición de siempre: el Gobierno mantiene que no existe disputa de soberanía, que los estatutos de autonomía definen a Ceuta y Melilla como parte de España y que ningún Ejecutivo ha abierto negociación alguna. Es una posición jurídicamente correcta. También es insuficiente. Una posición no es una política: no explica cómo se vigila el entorno marítimo, quién audita los fallos de inteligencia ni qué se hará si el siguiente gesto no es verbal. Ya vimos en el análisis sobre aire y espacio que las pruebas de Rabat no son solo discursivas.
Escenarios a vigilar (análisis, no hechos)
Primero, que la reclamación quede como retórica de investidura y desaparezca del debate parlamentario en semanas. Es lo que desea el Gobierno español y lo que dicen los hechos hasta ahora: sin llamada de embajador, sin nota oficial. Segundo, que se institucionalice: una comisión, una moción, una referencia en la declaración de política general. Ahí cambiaría de categoría. Tercero, que se combine con presión instrumental —flujos migratorios, fronteras comerciales, cartografía— en un momento de vulnerabilidad española. Ese es el escenario que más importa, porque la guerra híbrida no necesita declaración previa.
Variables que miraremos: el texto final del proyecto de presupuestos marroquí y su calendario parlamentario; si Rabat o la prensa próxima al Palacio replican o desautorizan a El Bitar; la actividad naval en el entorno de Ceuta; y si Madrid pasa de repetir su posición jurídica a mostrar capacidad de disuasión y de anticipación.
Valoración
Marruecos hace hoy lo que le conviene: mantiene la cooperación donde la necesita, deja hablar a su Parlamento donde le sirve y sube el presupuesto donde le da margen de maniobra. España, en cambio, responde con una posición que repite desde hace décadas y con un debate interno que gira en torno a quién tuvo la culpa en julio. El reclamo de los parlamentarios marroquíes no cambia la soberanía de Ceuta y Melilla. Sí cambia el precio de no tener estrategia.
Lo que España necesita no es indignación sino inteligencia: vigilancia sostenida de la actividad marroquí en fuentes abiertas, auditoría de los fallos del verano y una política de disuasión creíble. En DAVMAC desarrollamos herramientas de inteligencia y monitorización para empresas e instituciones en entornos de alta complejidad geopolítica; si su organización necesita anticipar este tipo de movimientos, puede contactar con nosotros.