Decreto de devoluciones: Madrid corre, Rabat decide
El Gobierno presentó el 28 de septiembre un decreto ley para acelerar las devoluciones a Marruecos recortando los plazos de tramitación del asilo de quienes solicitaron protección después del 30 de julio. Según el resumen de Que.es sobre el decreto de devoluciones, el Congreso lo votará a finales de octubre y mientras tanto entra en vigor. Madrid corre. Rabat, que es quien decide cuántos retornos se ejecutan de verdad, no tiene ninguna prisa.
Qué hace el decreto y qué no
El texto no crea un procedimiento nuevo. Acelera uno existente. Afecta sobre todo a las personas que llegaron en la oleada del 30 y 31 de julio y que esperan resolución de su solicitud. El Ejecutivo prevé unas 10.000 plazas de alojamiento, de las que 6.000 ya funcionan.
El mapa político es conocido. PP, Vox, Junts y UPN respaldan las medidas de devolución; Sumar, socio de coalición, rechaza recortar garantías procesales. El 17 de septiembre el Parlamento Europeo aprobó por 339 votos contra 225 una resolución favorable a los retornos, y el 26 de septiembre PP y Vox convocaron una manifestación que cifraron en 180.000 asistentes (cifra de los organizadores). Las ONG Elín, Border Resistance y No Name Kitchen, por su parte, documentan devoluciones sin intérprete, confiscación de documentos y teléfonos y condiciones inseguras al otro lado.
Aquí está el primer problema estratégico: España discute en voz alta cuántas garantías recorta mientras el interlocutor que debe recibir a los devueltos no ha dicho una palabra sobre el decreto. La fuente citada no recoge ninguna posición oficial marroquí. El silencio es una posición.
La trampa de las cifras
La magnitud del problema condiciona cualquier decreto. Las estimaciones recogidas por El Independiente hablan de unas 30.000 entradas en Ceuta en la crisis de julio, frente a los aproximadamente 8.000 de la crisis de 2021. Tres o cuatro veces más.
Un mes y medio después, Euronews cifra en unas 5.000 las personas que siguen en Ceuta. El Ministerio del Interior ha identificado 1.898 menores; Save the Children estima que unos 4.000 permanecen fuera de los sistemas de protección. Entre 1.898 y 4.000 hay una diferencia de más de 2.000 menores que, según esas estimaciones, quedan fuera de la protección formal. Esa franja gris no es un detalle estadístico. Es el mejor activo de cualquier actor que quiera mantener abierta la herida.
Conviene recordar además otro dato del contexto: el 29 de julio, un día antes de la oleada, una sentencia del Tribunal Supremo limitó las expulsiones de quienes entran a nado. La coincidencia temporal no prueba coordinación, pero sí describe un patrón: el flujo se activa cuando el marco jurídico español es más incómodo para devolver. Rabat lee las sentencias del Supremo con más atención que muchos ministerios españoles.
El acuerdo de 2012: un papel que nadie usa
El instrumento al que apelan casi todos los políticos es el acuerdo sobre menores no acompañados, vigente desde 2012. Maldita.es lo desmonta con datos: el texto garantiza a los menores marroquíes los mismos derechos que a los españoles, prohíbe rechazos en frontera y devoluciones sumarias y exige un análisis individual con informes sobre la familia y valoración del riesgo.
Y la estadística es demoledora. En 2024 había 16.041 menores inscritos en el registro de extranjeros no acompañados y solo ocho fueron repatriados: cuatro a Colombia, tres a Rumanía, uno a Francia. Según esa misma relación, ninguno a Marruecos. Un acuerdo bilateral cuya aplicación efectiva a Marruecos es, en la práctica, nula no es una palanca española. Es una cortesía que Rabat concede cuando le conviene.
Euronews lo resume en términos jurídicos: sin familia localizada, sin entorno seguro o con riesgo para el menor, no hay devolución. El menor se queda y se reparte entre comunidades autónomas. La situación de contingencia migratoria extraordinaria declarada en Ceuta permitía esos traslados hasta el 29 de agosto de 2026.
Rabat no necesita contestar
La nueva primera ministra, Fátima Zahra El Mansouri, nombrada el 29 de septiembre, ya dijo sobre los menores que Rabat mantendrá sus posiciones, según Moncloa.com. Ya analizamos en el blog por qué el cambio de rostro no cambia las palancas: Mansouri en Rabat: nueva cara, mismas palancas. Con una participación en torno al 38% en las legislativas del 23 de septiembre, el Ejecutivo marroquí nace con poca legitimidad de urnas y mucha necesidad de gestos nacionales.
De ahí sale la asimetría. Si España ejecuta pocas devoluciones, el problema se enquista en Ceuta y se convierte en munición electoral interna. Si ejecuta muchas, Rabat puede presentarlo como una humillación a sus ciudadanos o dosificar la readmisión para forzar concesiones. En ambos casos, el calendario lo marca quien controla la frontera y los consulados, no quien redacta el decreto.
Añádase el telón de fondo: el acuerdo gasista de Madrid con Argelia durante la visita de Sánchez y el reforzamiento marroquí de su posición a través de su alineamiento con la Administración Trump, dos factores que El Independiente recoge como explicación de fondo de la presión. España acelera devoluciones con una mano y negocia con Argel con la otra, y Rabat se limita a observar cuál de las dos pesa más.
Qué debería hacer España
Primero, dejar de vender el decreto como solución. Es una herramienta de gestión de flujo, no de disuasión. La disuasión se construye con capacidad de readmisión efectiva, y esa capacidad depende de Marruecos.
Segundo, condicionar la cooperación. Si Rabat quiere mantener el estatus de socio estratégico de la hoja de ruta de 2022 sobre migración, seguridad y economía, tiene que haber un mecanismo verificable de readmisión con cifras trimestrales. Sin cifras públicas, el acuerdo es retórica.
Tercero, resolver la franja gris. La brecha de más de 2.000 menores fuera de la protección formal es una vulnerabilidad de seguridad y una vulnerabilidad humanitaria a la vez. Un Estado que no cubre a sus menores no puede reclamar firmeza a nadie.
Cuarto, blindar el decreto jurídicamente. Si el Congreso lo convalida a finales de octubre y los tribunales lo tumban después, España habrá regalado a Rabat otra oportunidad de elegir el momento de la siguiente oleada, como ocurrió con la ventana abierta tras el 29 de julio.
Valoración
El decreto de devoluciones es un movimiento defensivo y tardío. Responde a una presión interna, no a una estrategia hacia Marruecos. Mientras España discute plazos de asilo, el activo decisivo del conflicto, la capacidad de abrir y cerrar el flujo, sigue en manos de otro. La respuesta seria no es endurecer el procedimiento sino construir contrapesos: respaldo europeo con resoluciones que se traduzcan en instrumentos, diversificación de interlocutores y datos propios para no depender de los de nadie. En DAVMAC desarrollamos herramientas de inteligencia y monitorización para empresas e instituciones en entornos de alta complejidad geopolítica; si su organización necesita seguir este tipo de dinámicas con datos, hable con nosotros.