Mansouri en Rabat: nueva cara, mismas palancas
Mohamed VI nombró el 29 de septiembre a Fátima Zahra El Mansouri primera ministra de Marruecos, la primera mujer en el cargo desde la independencia. Es la noticia amable de la semana en Rabat. Para España es otra cosa: un cambio de cara en un sistema donde las decisiones que importan a Ceuta, Melilla y el Sáhara no pasan por el jefe del Gobierno. Quien confunda el titular con un deshielo se equivoca de lectura.
Un nombramiento con poco mandato detrás
El PAM ganó las legislativas del 23 de septiembre con 97 de los 395 escaños y una participación del 38%, según recoge Moncloa.com. Noventa y siete escaños de 395 es una cuarta parte de la cámara. Que casi dos de cada tres marroquíes no votaran dice más sobre la legitimidad práctica del Ejecutivo que cualquier discurso de investidura.
Eso tiene una consecuencia directa: una primera ministra con poco respaldo popular, que además gobernará en coalición, depende todavía más del Palacio. En Marruecos la política exterior y de seguridad es dominio reservado del rey. El Gobierno ejecuta, y a veces amortigua. No decide. Para un análisis español, esto separa dos planos que la prensa mezcla con alegría: el interlocutor protocolario y el decisor real.
Lo que dijo y lo que no dijo
Según la misma fuente, Mansouri defiende una vecindad de «alto nivel» en economía, comercio y diplomacia. Música conocida. En paralelo mantiene una posición firme en el asunto de los menores marroquíes en Ceuta, donde Rabat condiciona su retorno y lo convierte en moneda de negociación.
Fíjense en la asimetría. Hablar de comercio cuesta poco y se puede retirar en una semana. Los menores son un instrumento tangible: miles de personas concretas en un territorio saturado, con un reloj político que corre solo en contra de Madrid. Cada mes sin retorno es un mes más de gasto, de tensión social en la ciudad y de argumentos para quienes quieren presentar a Ceuta como un problema irresoluble.
Las palancas siguen donde estaban
La crisis del 30 y 31 de julio sigue sin cerrarse, y ni siquiera se ha fijado su dimensión. El Independiente hablaba de unas 30.000 personas entradas sin resistencia fronteriza marroquí; columnas posteriores manejan entre 72.000 y 90.000. Las cifras discrepan de forma enorme y conviene tratarlas como lo que son: estimaciones sin un recuento oficial homologado. Lo que no admite discusión es el patrón. Una frontera que se abre y se cierra a voluntad de un tercer Estado.
El mismo diario vinculaba el episodio al enfado de Rabat por el acercamiento de Pedro Sánchez a Argelia, con su visita y el anuncio de más gas dos semanas antes. Es una hipótesis plausible, no una prueba. Pero encaja con el historial: la presión migratoria sigue a los movimientos diplomáticos de Madrid con una puntualidad sospechosa. Sobre esa mecánica ya escribimos en Ceuta tras el 23-S: Rabat conserva el grifo migratorio. Un cambio de primera ministra no toca el grifo.
Washington, Argel y el cálculo marroquí
La misma pieza apunta a otros dos factores que no dependen del Gobierno de Rabat. El primero es la posición de Marruecos ante la administración Trump, a la que el país busca presentarse como socio indispensable en el norte de África. El segundo es el vínculo con Argelia: cada vez que España tantea a Argel, Rabat recuerda que controla la frontera sur de la UE en lo que a flujos migratorios se refiere. Son palancas que Mansouri hereda intactas.
Añadan el factor interno. El mismo reportaje recuerda el indulto a 1.788 presos con motivo del aniversario del ascenso al trono del rey, un gesto de política doméstica en un mes de tensión exterior. Cuando el poder marroquí combina gestos de clemencia hacia dentro y presión hacia fuera, no lo hace por casualidad. Lo hace porque le sale barato.
La alerta que Madrid dice no haber recibido
Hay un segundo frente, interno y más incómodo. Una columna publicada en Mundiario sostiene que un agente del CNI avisó por WhatsApp el 29 de julio, a las 13:52, de una convocatoria en redes para un asalto «por valla y mar» al día siguiente, y que 40 documentos desclasificados el 8 de septiembre apuntan a avisos previos. Es una opinión, y habrá que contrastar cada dato con los documentos originales. Pero si es correcta en lo esencial, el problema de España no es solo lo que hace Marruecos. Es que la señal llegó y no se convirtió en despliegue.
La inteligencia sirve para decidir. Una alerta que no activa un protocolo es un coste sin retorno. Eso, en la fase de análisis, es un fallo de la cadena de mando, no del servicio. Y es exactamente el tipo de fallo que un adversario paciente aprende a explotar: sabe que Madrid detecta, pero duda de que Madrid actúe.
Iniciativa frente a reacción
El general Jesús Argumosa, en Libertad Digital, define la política exterior española hacia Rabat como «reactiva» y tibia, y recuerda los precedentes: la Marcha Verde de 1975, Perejil en 2002, los cerca de 10.000 entrados en mayo de 2021 y las leyes marítimas unilaterales de 2020. Se puede discrepar de su tono. Es difícil discrepar de la serie histórica: cada episodio se gestionó como incidente aislado, nunca como sistema.
La nueva primera ministra ofrece a Madrid una tentación conocida: celebrar el gesto, archivar la alerta y volver a la hoja de ruta de 2022, que el Gobierno sigue calificando de «estratégica». Sería repetir el error con mejor protocolo.
Qué debería hacer España
- Fijar condiciones verificables antes de cualquier concesión: retornos efectivos, control fronterizo medible y calendario sobre los menores.
- Reconstruir la cadena alerta-decisión-despliegue en Ceuta y Melilla, con responsables nombrados y ejercicios periódicos.
- Establecer una cifra oficial única de lo ocurrido en julio. Sin recuento propio, Rabat controla también el relato.
- Llevar el asunto a Bruselas como problema europeo y no bilateral. El Parlamento Europeo ya empleó el concepto de ataque híbrido, según la columna de Mundiario.
Valoración
El nombramiento de Mansouri no cambia el equilibrio de fuerzas. Lo cambiará, en todo caso, la respuesta española: si interpreta el relevo como oportunidad de reinicio o como lo que es, un cambio de interlocutor administrativo en un sistema que mantiene intactas sus palancas de presión. Mientras Madrid no ordene sus propias alertas y no ponga precio a la reciprocidad, la nueva cara en Rabat será un asunto de protocolo.
Hay además un criterio de seguimiento que cualquier institución puede aplicar sin esperar a Rabat. Primero, medir el intervalo entre cada movimiento diplomático español y la siguiente variación en la frontera. Segundo, registrar qué cuentas y canales convocan movilizaciones antes de cada episodio. Tercero, comparar las cifras oficiales con las de fuentes abiertas, porque la diferencia entre ambas ya es una señal. Con esas tres series, la sorpresa deja de ser una excusa y se convierte en una decisión política.
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