Cloacas y Ferraz: lo que no vigila nadie en España
El 9 de octubre de 2026, la Fiscalía Anticorrupción dijo ante el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, lo que durante años fue una sospecha de pasillo: que la estructura de un partido de Gobierno pudo servir de infraestructura a una red dedicada a torcer procedimientos judiciales. Lo recoge El Español en su crónica del escrito fiscal. Son indicios, no una sentencia. Pero el patrón que describen es el que cualquier servicio de inteligencia serio clasificaría como amenaza interna al Estado de derecho, y obliga a preguntarse qué herramientas de detección y contrainteligencia fallaron antes de que lo destapara una investigación policial.
Qué dice exactamente la Fiscalía (y qué no)
Las fiscales Mar Scharfhausen y Elisa Lamelas sostienen, según la crónica de El Español, que a través de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, el PSOE habría puesto su infraestructura logística y financiera a disposición de la red de Leire Díez, la llamada «fontanera». Los indicios citados: reuniones en la sede de Ferraz, pagos de transporte y alojamiento y financiación mediante sociedades interpuestas. El objetivo atribuido a la red es desestabilizar procesos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.
Conviene el rigor que el caso merece. Según Qué!, el 10 de octubre, el escrito de 15 páginas descarta tres de los cinco delitos planteados por la acusación popular (malversación, financiación ilegal y blanqueo) y mantiene dos: cohecho y tráfico de influencias. Además, la Fiscalía rechaza por ahora imputar al PSOE como persona jurídica, y el juez Pedraz, según el mismo medio, comparte esa cautela. Ni el partido ni Cerdán han sido condenados. Cerdán debe declarar todavía como investigado. La presunción de inocencia no es un adorno retórico: es el filtro que separa un análisis de una consigna.
El dato que importa: no había control alguno
La frase más incómoda del escrito no es una acusación de delito, sino un diagnóstico de gestión. Según El Español, la Fiscalía indica que «parece evidenciarse» que no existía mecanismo de control alguno sobre cómo Cerdán manejaba las cuentas. Y apunta un detalle de manual: la gerente del partido, Ana María Fuentes, investigada y que declaró el 9 de septiembre, no supo precisar qué servicios habían prestado los abogados externos contratados.
Traducido al lenguaje de la inteligencia financiera: pagos a terceros sin entregable verificable, canalizados por sociedades que no son el pagador final. Es la señal de alerta más básica que existe. Un departamento de cumplimiento normativo mínimamente dotado la detecta con una consulta cruzada entre facturas, objeto social de los proveedores y justificantes de servicio. Si la tesis fiscal se confirma, el partido no necesitaba un espía: le faltaba una auditoría.
La parte que va de inteligencia: presiones a una jueza
El otro frente es más grave por lo que implicaría. The Objective publicó el 7 de octubre el contenido de un informe de la UCO fechado el 6 de octubre sobre las maniobras contra la magistrada Beatriz Biedma, de Badajoz, instructora de la causa que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según ese informe, tal como lo describe el medio, la red se coordinaba en reuniones presenciales y en un chat de WhatsApp, y en el teléfono del empresario Javier Pérez Dolset apareció una nota de agosto de 2024 con un objetivo escrito: «destruir el procedimiento del hermano». También habría usado perfiles falsos en redes e imágenes manipuladas con inteligencia artificial para desacreditar a la jueza.
Hay que separar planos. Lo anterior es lo que atribuye el informe policial. La frase sobre el «burro» y la intención de causar daño físico proceden del testimonio de una testigo vinculada a un clan del narcotráfico, Cintia Rocho, no de una comprobación independiente, y así lo señala el propio medio. Son alegaciones que la UCO considera creíbles, no hechos probados. Nadie debería escribir la sentencia antes que el tribunal.
Qué detectaría esto a tiempo: OSINT y análisis de datos
Una campaña de acoso con perfiles falsos y vídeos fabricados es exactamente el terreno donde el análisis de fuentes abiertas rinde. Redes de cuentas que nacen el mismo día, amplifican los mismos mensajes contra un mismo juez y se coordinan con picos horarios idénticos dejan huella. Detectarla no exige invadir la intimidad de nadie, sino mirar lo que es público: grafos de interacción, patrones de publicación, reutilización de imágenes. Es el mismo trabajo que hoy se hace para identificar operaciones de desinformación extranjeras. La diferencia es que aquí el origen sería doméstico, y la institución encargada de mirar no tiene incentivo en mirar.
La segunda capa es financiera: cruzar registros mercantiles, contratos de servicios y pagos de organizaciones políticas para marcar proveedores sin actividad real. La tercera es de integridad institucional: alertas internas cuando se solicita información clasificada fuera de cauce. La Fiscalía atribuye a la red haber obtenido de un capitán de la Guardia Civil el organigrama de la DIECAN, clasificado como secreto oficial. Eso es contrainteligencia pura: fuga de información reservada hacia un tercero ajeno.
Lo que falla hoy
Tres cosas, y ninguna es nueva. Primero, los partidos tienen obligaciones de control financiero muy inferiores a las de una empresa mediana; que el escrito fiscal discuta ahora si el PSOE tenía programa de cumplimiento normativo es, en sí mismo, una confesión del vacío. Segundo, la supervisión de quienes custodian información sensible depende de que algún mando quiera ejercerla. Tercero, el sistema solo reacciona cuando llega la UCO: es detección tardía, forense, no preventiva.
El Estado español tiene instrumentos: Anticorrupción, la UCO, el Tribunal de Cuentas, el control judicial del CNI. Lo que no tiene es una cultura de monitorización preventiva de su propia salud institucional. Se vigila con rigor a los adversarios exteriores y se mira hacia otro lado cuando el riesgo viene de dentro.
Valoración
Dos advertencias para evitar el error contrario. Primero, ningún investigado es culpable hasta sentencia firme, y las diligencias pendientes (declaraciones de Cerdán, Díez, Serrano y Zarrías, y el análisis patrimonial de los pagos) pueden matizar mucho el cuadro. Segundo, el Gobierno y su partido tienen derecho a defenderse, y la Fiscalía ha descartado delitos que la acusación popular pedía.
Dicho eso, el diagnóstico de fondo se sostiene con independencia del desenlace judicial: una democracia no puede depender de que la fiscalía y un cuerpo policial lleguen a tiempo para saber si su partido de Gobierno usó dinero y estructura para presionar a jueces. Hacen falta controles previos, auditoría externa de la financiación de los partidos y trazabilidad de los pagos. Y hace falta que la inteligencia de fuentes abiertas se aplique también hacia dentro.
En DAVMAC desarrollamos herramientas de inteligencia y monitorización para empresas e instituciones en entornos de alta complejidad geopolítica; si su organización necesita detectar patrones de influencia, desinformación o riesgo de integridad, puede contactar con nosotros.