Cerdán: dos jueces, un dinero y ningún cruce de datos
Dos jueces de la Audiencia Nacional, dos sumarios y un mismo hombre. El jueves 15 de octubre de 2026, el magistrado Ismael Moreno, que instruye la pieza de presuntas mordidas en obra pública del caso Koldo, pidió a su colega Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, copia de la documentación intervenida en el domicilio de Santos Cerdán y de la que entregó el PSOE. Así consta en la providencia dictada el jueves 15 de octubre. Lo que revela no es solo un trámite: es una carencia de método. Dos juzgados persiguiendo el dinero de un mismo investigado sin haberlo cruzado antes.
Lo que pasó y lo que no está probado
Los hechos, con su fecha. El 27 de mayo de 2026, agentes de la UCO entraron en la sede del PSOE en Ferraz y registraron el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra); ese mismo día Pedraz requirió documentación al partido. Casi cinco meses después, Moreno reclama esos materiales. Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 14 de octubre, la prueba disponible no establece todavía "ni el origen, ni la totalidad" de los ingresos de Cerdán en el periodo analizado.
Conviene fijar la situación procesal, porque aquí el rigor no es decoración. Cerdán figura como investigado en dos causas de la Audiencia Nacional: la del caso Koldo y la del caso Leire Díez. Investigado no es procesado ni condenado. No consta condena alguna ni conclusión judicial sobre el origen de su dinero, y el material consultado no recoge su respuesta a estas imputaciones. Lo que existe son indicios, cifras de informes y una línea de investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto sobre la mesa.
Las cifras que sostienen la sospecha
Las cifras que se atribuyen a los informes son concretas. Los informes de la UCO sitúan en 6,7 millones de euros lo que Acciona pagó a Servinabar, el 75,33 % de los ingresos de esa empresa en el periodo; un informe posterior elevó ese peso al 87,04 %. Servinabar es una sociedad vinculada a Antxon Alonso, y la Fiscalía explora si fue canal de una "fuente de efectivo" ligada a adjudicaciones de obra pública a Acciona. Es una hipótesis de trabajo, no una conclusión.
La Fiscalía calcula además que Cerdán y sus familiares disfrutaron, entre 2015 y 2024, de bienes y servicios por al menos 323.178,41 euros, en parte a través de empresas del entorno de Servinabar. Por su parte, el PSOE le abonó 119.950,27 euros en liquidaciones de gastos entre 2014 y 2025, de los que 31.285,17 euros fueron en efectivo, más otras 84 entradas en metálico (2017-2025) por 30.797,38 euros. También figura un ingreso en efectivo de 600 euros tras un mensaje de Koldo García sobre entregar dinero para "lo de santi", y la negociación, a finales de 2021 y principios de 2022, de una compra inmobiliaria en Madrid de casi un millón de euros que no llegó a cerrarse.
Los importes más altos caen entre 2019 y 2023, en parte coincidiendo con el paso de José Luis Ábalos por el Ministerio de Transportes. La coincidencia temporal no prueba causalidad y quien la presente como prueba difama. Pero tampoco se puede ignorar: es exactamente el tipo de patrón que un sistema de análisis debería señalar de oficio.
El problema de fondo: instrucciones que no se hablan
Aquí está lo relevante para el interés del Estado. El mismo investigado aparece en dos piezas con jueces distintos, objetos distintos y archivos distintos. En una se persigue una presunta trama de obra pública. En la otra, según el auto de mayo, una presunta actividad "continuada y estructurada" de Cerdán y Leire Díez, con al menos 22 reuniones en sede del partido y 17 fuera, financiada presuntamente con fondos del PSOE mediante pagos a sociedades de terceros. Pedraz enumeró en mayo nueve posibles delitos, entre ellos organización criminal, cohecho y revelación de secretos.
El dinero de una causa puede ser la prueba de la otra. Si los pagos a sociedades de terceros que alimentaron las supuestas maniobras de la "fontanera" salen de la misma caja que los efectivos de la obra pública, nadie lo sabrá mirando cada sumario por separado. Que el juez de una pieza tenga que pedir por providencia, cinco meses después, lo que el otro recogió en un registro, es la señal de que la inteligencia financiera del caso se construye a mano y por goteo.
Y hay otra lectura incómoda. El propio Pedraz ha dejado, según titulares recogidos por la prensa, en suspenso la imputación del PSOE como persona jurídica hasta avanzar en la instrucción. Esa decisión es suya y es legítima. Pero muestra hasta qué punto el expediente depende de reconstruir flujos que un partido, por ley, debería poder justificar en tiempo real.
Qué herramientas faltan
Primero, un repositorio común de evidencias financieras entre juzgados de la Audiencia Nacional, con control judicial y trazabilidad, que permita cruzar a un investigado entre causas sin esperar a una providencia. Segundo, análisis de redes societarias en fuentes abiertas: quién cobra de quién, qué proporción de los ingresos de una empresa depende de un solo pagador. Un 75 % o un 87 % de facturación procedente de una única adjudicataria es una alerta que cualquier unidad de análisis de riesgo detecta en minutos con datos del Registro Mercantil y de la plataforma de contratación.
Tercero, auditoría del efectivo. Las liquidaciones de gastos de un partido con tramos en metálico durante once años son un campo de trabajo para el Tribunal de Cuentas y para las unidades de prevención del blanqueo, siempre que haya acceso a los datos. Cuarto, un control que no dependa de la voluntad política: el CNI y la UCO actúan bajo supervisión judicial y parlamentaria, y esa supervisión debe incluir métricas de resultado, no solo de legalidad formal.
Lo que falla hoy
Falla la velocidad. El registro fue en mayo y el cruce entre causas se pide en octubre. Falla la interoperabilidad: cada juzgado es una isla. Falla la prevención: el análisis llega siempre después de la UCO, nunca antes. Y falla la rendición de cuentas de los partidos.
Nada de esto exige presumir culpabilidad. Cerdán, Koldo García, Ábalos y cualquier otro investigado tienen derecho a la presunción de inocencia y a que los tribunales decidan. Lo que exige el interés de los ciudadanos es que, cuando el Estado investiga, lo haga con herramientas a la altura del dinero que persigue. Un país que descubre el origen del efectivo de un dirigente cinco meses después del registro no tiene un problema de jueces. Tiene un problema de sistemas.
Valoración
La providencia de Moreno es una buena noticia: significa que alguien conecta los puntos. Es también una confesión de que hasta ahora no estaban conectados. En DAVMAC desarrollamos herramientas de inteligencia y monitorización para empresas e instituciones en entornos de alta complejidad, y el patrón que vemos aquí, flujos fragmentados entre expedientes, es el que mejor resuelve el análisis de datos y de fuentes abiertas. Antes de la próxima providencia, convendría que alguien tuviera ya el mapa.