El 4 de septiembre de 2026, analistas especializados en desinformación detectaron la circulación masiva de un cartel en árabe que convocaba a una “marcha popular” para el día 20 de este mes con un objetivo declarado: exigir la “liberación” de Ceuta, Melilla y los islotes bajo soberanía española. Diez días después de aquella primera alerta, el CNI, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Guardia Civil y el CIFAS siguen con los ojos puestos en ese calendario. La pregunta no es si habrá una invasión el 20-S. La pregunta es qué pretende conseguir exactamente esta operación y quién la controla.

El cartel sin autor y la mecánica de la campaña

El material que circula por redes sociales —fundamentalmente X, Telegram y grupos de WhatsApp— reúne todos los elementos de una operación de influencia bien diseñada: narrativa cargada emocionalmente, fecha concreta que genera urgencia, ausencia de organizador identificable y amplificación distribuida a través de perfiles de corte ultranacionalista marroquí. El cartel, analizado por expertos en desinformación y publicado por El Español el 4 de septiembre, presenta a Ceuta y Melilla como “territorios ocupados” y apela a la movilización ciudadana.

La ausencia de organizador no es un fallo. Es una característica. Cuando no hay un convocante oficial, resulta imposible responsabilizar a ningún actor estatal —como el gobierno de Rabat— y al mismo tiempo el mensaje puede ser apropiado por cualquier grupo que quiera subirlo a los resultados del 23-S. Esa ambigüedad calculada es la firma de las campañas de desinformación de estado o para-estado.

Monitor Disinfo, uno de los observatorios más activos en el seguimiento de estas operaciones, ha advertido que, aunque no existe evidencia suficiente de un plan concreto para movilizar físicamente a personas hacia la frontera, el período entre el 10 y el 23 de septiembre es una ventana de riesgo informativo elevado. Eso es exactamente el margen en el que estamos ahora.

El calendario marroquí: elecciones el 23-S y la narrativa soberanista

Marruecos celebra elecciones legislativas el 23 de septiembre de 2026. Esta no es una coincidencia menor. En vísperas de cualquier proceso electoral marroquí, la agenda de Ceuta y Melilla tiene un valor doméstico enorme: activa el discurso identitario, une a sectores ideológicamente dispares bajo la bandera de la integridad territorial y distrae del debate interno sobre economía, corrupción o derechos civiles.

El patrón se ha repetido. En 2021, la crisis de los 8.000 migrantes en Ceuta tuvo un componente de presión política directa relacionado con la postura española sobre el Sáhara. En julio de 2026, la entrada masiva de más de 72.000 personas en Ceuta en dos días —el episodio más grande registrado en esa frontera— coincidió con un momento de reclamación diplomática no resuelta. Ahora el vector no son personas cruzando el Tarajal sino contenido cruzando pantallas. Pero la lógica de presión es la misma.

Cuando la narrativa soberanista sobre Ceuta y Melilla aparece amplificada en redes sociales marroquíes justo antes de unas elecciones, hay que leerla en clave doméstica marroquí tanto como en clave de presión sobre España. Los dos objetivos son compatibles y se refuerzan mutuamente.

CNI, Guardia Civil y Policía Nacional: la alerta está activada

Según informaciones publicadas el 5 de septiembre por El Español y confirmadas por Moncloa.com, el seguimiento de esta campaña involucra a cuatro organismos: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas), la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional y los servicios de información de la Guardia Civil.

Que cuatro organismos de inteligencia y seguridad estén siguiendo activamente una campaña en redes sociales dice dos cosas. Primera: la amenaza no se descarta. Segunda: el nivel de sofisticación de las operaciones de influencia marroquíes ha obligado a España a movilizar recursos de inteligencia para algo que hace una década se habría ignorado como “ruido en internet”. Eso es, en sí mismo, un éxito parcial de la operación: consume atención, personal y recursos.

Lo que no está claro, porque el Gobierno no lo ha dicho públicamente, es qué medidas concretas se toman más allá de la vigilancia. ¿Hay coordinación con Meta, con X o con Telegram para identificar y derribar los perfiles que amplifican el cartel? ¿Se ha comunicado algo formalmente al embajador marroquí? El silencio del Ejecutivo en este aspecto es un problema en sí mismo.

La guerra híbrida tiene fases y el 20-S es solo una

La crisis de Ceuta de julio de 2026 no fue un accidente. Los primeros análisis de la Comisaría de Extranjería describieron la utilización de los migrantes iniciales como elementos de apertura de brecha —lo que algunos documentos internos denominaron, con terminología cruda pero precisa, “misiles humanos”— para forzar el colapso del sistema de control fronterizo y permitir la entrada masiva. Eso es guerra híbrida aplicada.

La campaña del 20-S es una fase diferente del mismo manual. Después de la presión física viene la presión informativa. El objetivo en esta fase no es mover a 72.000 personas a la frontera. El objetivo es mantener a España en un estado de alerta permanente, erosionar la imagen del Gobierno en materia de soberanía, polarizar el debate interno entre los que exigen firmeza y los que piden diplomacia, y señalar ante la opinión pública marroquí y árabe que Ceuta y Melilla son un asunto pendiente y vivo.

Cada uno de esos objetivos se consigue aunque el 20 de septiembre no pase nada. La operación tiene éxito con solo existir.

Respuesta española: entre el seguidismo y la inhibición estratégica

El problema de fondo no es que Marruecos haga estas cosas. Las hace desde hace décadas y las seguirá haciendo porque funcionan. El problema es la respuesta española.

Desde la crisis de julio, el debate político en España ha estado dominado por la gestión humanitaria de los 72.000 y por las acusaciones cruzadas sobre posibles concesiones del Gobierno a Rabat. Lo que no ha habido, al menos no de forma visible, es una estrategia de contranarrativa. España no tiene —o no despliega— una capacidad de guerra informativa equivalente a la que Marruecos ejerce sistemáticamente.

El Real Instituto Elcano y el IEEE llevan años documentando este déficit. Tener cuatro organismos monitorizando una campaña está bien. No tener una unidad operativa de respuesta activa en el espacio informativo es la brecha que Marruecos explota.

La campaña del 20-S es, en este sentido, un recordatorio de que la soberanía en el siglo XXI no se defiende solo en la valla del Tarajal. Se defiende también en los algoritmos de las redes sociales, en los grupos de WhatsApp de la diáspora marroquí en Europa y en los titulares que se generan en Rabat y se replican en Madrid.

Qué puede pasar el 20 de septiembre

Los escenarios van de lo irrelevante a lo serio. En el extremo más leve, el 20-S pasa sin incidentes destacables y la campaña queda como un globo desinflado que, sin embargo, habrá generado semanas de tensión y cobertura mediática útil para el ciclo electoral marroquí. En el extremo más grave, una concentración real frente a las vallas de Ceuta o Melilla, aunque no suponga entrada masiva, provoca imágenes que se exportan globalmente como prueba de que la “causa” tiene apoyo popular.

El escenario intermedio es el más probable: movilizaciones simbólicas en ciudades marroquíes, amplificación masiva en redes, discurso de candidatos en campaña que incorporan Ceuta y Melilla como argumento de captación de voto, y una España que responde con declaraciones pero sin una estrategia de desactivación visible.

Lo que ocurra el 20-S importa menos que lo que España decida hacer antes de esa fecha y, sobre todo, después. La inteligencia sirve de poco si no alimenta decisiones. Y las decisiones que España ha tomado en los últimos cinco años ante la presión marroquí tienen un historial de concesión documentada y silencio institucional que Rabat ha aprendido a explotar con eficiencia.

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