El 1 de septiembre de 2026, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional remitió a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón un informe de 55 páginas. El documento concluye, con evidencias fotográficas incluidas, que la entrada masiva de personas en Ceuta durante julio de 2026 no fue un movimiento migratorio espontáneo: fue una operación planificada, dirigida activamente por fuerzas de seguridad marroquíes. Tres palabras del informe lo resumen todo: “guiado activo”, “diseño estratégico” y “planificación previa”.

No es especulación. Es el análisis oficial de la unidad especializada de la Policía Nacional española, enviado a una juez de la Audiencia Nacional. Si eso no mueve al Gobierno a responder con contundencia, conviene preguntarse qué tendría que pasar para que lo hiciera.

55 páginas que Marruecos preferiría que no existieran

Las conclusiones del informe policial son contundentes: agentes uniformados y de paisano de las fuerzas de seguridad marroquíes participaron activamente en la dirección del flujo de personas hacia la frontera española. No estaban controlando la situación desde el lado marroquí — estaban guiando la operación.

El dato más revelador: aproximadamente el 90% de quienes cruzaron a Ceuta no permanecieron en territorio español. Piénsalo un momento. Si el objetivo era emigrar, quedarse era la lógica. Pero si el objetivo era colapsar el sistema fronterizo español, demostrar que la valla es permeable cuando Rabat lo decide, y enviar un mensaje político a Madrid, entonces tiene todo el sentido del mundo entrar y salir. La “migración” fue la cobertura formal de algo distinto.

El CENIF lo describe con precisión quirúrgica: la acción tenía como objetivos “colapsar el sistema de gestión fronteriza español” y “dificultar la respuesta de las autoridades”, superando lo que podría explicarse como presión migratoria ordinaria. Visto así, no fue una crisis humanitaria. Fue una demostración de capacidad.

El contexto político que no es casualidad

La operación de julio no se produjo en el vacío. Llegó pocas semanas después de que el ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Tufiq, llamara a “liberar” Ceuta y Melilla, y de que el titular de Justicia, Abdellatif Ouahbi, defendiera los “derechos históricos” de Marruecos sobre ambas ciudades. El Gobierno español convocó a la embajadora Karima Benyaich el 21 de agosto para expresar su rechazo, y Pedro Sánchez lo mencionó en el Congreso. Bien. Pero convocar a una embajadora no devuelve la soberanía efectiva sobre la frontera.

En la doctrina de la guerra híbrida, las acciones no se leen de forma aislada. Se leen como secuencia. Un ministro reivindica el territorio, el flujo migratorio se activa como presión, el adversario reacciona diplomáticamente pero no cambia nada en el terreno, y el ciclo se repite con mayor intensidad. Marruecos ha ejecutado esta secuencia con notable consistencia desde 2021. Lo de julio de 2026 no es una anomalía: es el escalón siguiente.

La marcha del 20-S: desinformación, presión electoral o las dos cosas

Mientras el informe del CENIF aterrizaba en la Audiencia Nacional, en las redes sociales marroquíes comenzaba a circular una convocatoria para una “marcha popular” el próximo 20 de septiembre para exigir la “liberación” de Ceuta, Melilla y los islotes que Marruecos presenta como “ocupados” por España. La fecha no es inocente: es tres días antes de las elecciones marroquíes del 23 de septiembre.

Los expertos de Monitor Disinfo han identificado una ventana de riesgo entre el 10 y el 23 de septiembre, por la confluencia de la campaña electoral marroquí, las reivindicaciones territoriales y la amplificación de contenido nacionalista en redes. No hay pruebas de coordinación estatal directa de la convocatoria — o no se han hecho públicas — pero sí de una “secuencia comunicativa destinada a explotar el conflicto territorial y provocar una respuesta emocional en España”.

Que no haya pruebas de coordinación estatal no significa que el Estado marroquí sea ajeno. En las operaciones de influencia bien ejecutadas, el Estado no convoca: crea el clima y deja que la inercia del nacionalismo popular haga el trabajo. Negar la autoría formal mientras se cosecha el beneficio político es un manual conocido. Algunas versiones de la convocatoria ya hablan de “marchas millonarias” y de una “marcha de la ira” hacia la Embajada española en Rabat. El escalado narrativo es parte del juego.

Lo que España debería hacer y no está haciendo

Hay una respuesta corta: judicializar, documentar y comunicar. El informe del CENIF es exactamente el tipo de evidencia que debería estar en manos de la Unión Europea, de la OTAN, del Consejo de Seguridad y de todos los socios de España con interés en la estabilidad del Mediterráneo. No como queja diplomática — como documentación de un acto de agresión en la frontera exterior de la UE.

España tiene dos activos que infrautiliza sistemáticamente en este conflicto: la legitimidad jurídica (Ceuta y Melilla son españolas por Tratado de Fez de 1912 y reconocidas internacionalmente como tal) y la calidad de su inteligencia operativa, que demuestra exactamente este tipo de informes. El problema es que el análisis no se transforma en acción política ni en presión diplomática multilateral.

Mientras tanto, Marruecos juega con dos barajas — la de la cooperación económica con Europa y la de la presión territorial — con notable habilidad. El acuerdo de asociación con la UE le da cobertura de aliado mientras presiona sobre la frontera. Esa incoherencia europea es el espacio en el que opera la estrategia marroquí, y España debería estar cerrándolo en Bruselas con más agresividad de la que muestra.

El 20-S: qué vigilar y cómo

De cara al 20 de septiembre, hay variables concretas que monitorizar. Primera: si la convocatoria de la marcha crece o se diluye a medida que se acerca la fecha — eso dirá mucho sobre si hay estructura organizativa detrás o si es ruido sin fondo. Segunda: el comportamiento de la frontera de Ceuta y Melilla durante la semana electoral marroquí. Históricamente, los momentos de mayor presión interna en Marruecos tienden a coincidir con activaciones de la presión fronteriza hacia España. Tercero: el tono de los medios marroquíes oficiales y semioficiales durante la campaña electoral — ahí suele filtrarse la posición real del Estado.

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El CENIF ha puesto por escrito lo que cualquier analista con acceso a fuentes abiertas podía ver desde julio. Ahora la pregunta es si alguien en Madrid va a leer esas 55 páginas y actuar en consecuencia, o si el informe va a quedar archivado mientras el ciclo se repite. Los próximos veinte días van a dar muchas pistas sobre la respuesta.